Durante el año 2022 hemos presenciado un severo deterioro de la situación socioeconómica de la población maliense, junto con el recrudecimiento del conflicto armado y de la violencia intercomunitaria en el centro y sur del país, regiones que a partir de 2015 se han visto afectadas por la problemática que caracterizó al norte del país durante los primeros años de la guerra.

El 9 de enero del presente año, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO) volvieron a adoptar sanciones económicas muy duras para el país debido al incumplimiento por parte de la Junta de Transición de convocar elecciones para el mes de febrero y devolver el poder político a los civiles. Dichas sanciones consistieron principalmente en el cierre de fronteras entre Malí y el resto de países miembros de la CEDEAO, la congelación de los activos malienses en el Banco Central de los Estados de África Occidental, la suspensión de transacciones excepto de productos de primera necesidad y productos farmacéuticos junto con el corte de la ayuda financiera. En ese momento, la organización regional planteó como condición para el progresivo levantamiento de estas medidas la obtención de un calendario satisfactorio de transición al orden democrático.

En los casi seis meses que se mantuvieron vigentes, estas sanciones, apoyadas desde Francia, golpearon directamente a la población maliense, en especial a la de menores recursos, agudizando una situación preexistente de inflación y escasez de diversos productos de primera necesidad, efecto directo de la pandemia de la Covid 19.

Los precios de todos los bienes y servicios se elevaron entre un 30 y un 70% en promedio, presentándose además una situación de carencia de productos básicos y especulación. Además, también afectaron colateralmente a países que mantienen un intenso comercio con Mali, como es el caso de Senegal.

La República Islámica de Mauritania, país magrebí que no pertenece a la CEDEAO y que tiene una amplia frontera centro y sur oriental con Mali de 2.237 kilómetros, a pesar de la llamada que le hizo dicho organismo para sumarse a las sanciones económicas, no acató dichas recomendaciones y continuó con el habitual comercio fronterizo, tanto formal como informal.

A inicios de marzo, la desaparición de un grupo de mauritanos en la frontera con Mali en la que supuestamente estaban implicados miembros de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMa) complicó la relación entre estos dos países. Nuakchot pidió explicaciones a Bamako y se realizaron diversas manifestaciones por parte de la población mauritana en contra de Mali. Este “inoportuno” incidente deterioró rápidamente el apoyo mauritano con el que contaba hasta el momento el gobierno de Mali. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que pasó con esos ciudadanos mauritanos en la frontera y quienes estuvieron realmente implicados en dichas desapariciones.

Durante los siguientes meses la Junta de Transición avanza en la implementación de un código electoral junto con diversos mecanismos de monitorización del proceso electoral y la redacción de una nueva Constitución. A finales de junio, propone que la fecha de celebración de las elecciones presidenciales sea el mes de febrero de 2024. Como consecuencia de este anuncio, el 3 de julio, durante la 61º cumbre de la CEDEAO, celebrada en Accra, se levantaron las sanciones económicas impuestas a Mali. La CEDEAO, sin embargo, mantiene la suspensión del país de la organización transnacional, así como las sanciones individuales contra miembros de la junta militar, liderada por el coronel Assimi Goita, que incluyen la congelación de sus cuentas en bancos regionales.

Al mismo tiempo, la sociedad civil maliense se movilizó para protestar contra las sanciones económicas de la CEDEAO, contra esta propia entidad y, en general, contra la constante injerencia de Francia en los asuntos internos del país. Un sentimiento antifrancés, gestado durante muchos años entre la población, afloró en cada una de estas manifestaciones multitudinarias, las mismas que se realizaron principalmente en la capital, Bamako. En ellas, la población pedía insistentemente el fin de las sanciones junto con la expulsión de las tropas europeas y la MINUSMA1 del territorio nacional. A esto, se acompañó un gran respaldo popular a la Junta de Transición y a su alianza con Rusia, evidenciada principalmente a través de la donación de armamento y la presencia del Grupo Wagner en territorio maliense.

La situación de tensión entre los gobiernos de Mali y Francia continuó agudizándose primero con la expulsión del embajador francés Joër Mayer a fines de enero del presente año y, hacia la quincena de febrero, con el anuncio oficial del retiro de las tropas francesas y europeas encargadas de las Operaciones Barkhane y Takuba, argumentando falta de cooperación de la Junta de Transición y diferencias irreconciliables de estrategia. Estas operaciones, a diferencia del gobierno maliense, son consideradas por los gobiernos europeos como exitosas. Dicho retiro implica, entre otras cosas, el cierre de las bases militares de Gossi, Menaka y Gao. El cuestionamiento de la intervención francesa en Mali se venía realizando desde meses atrás. En octubre de 2021 el primer ministro Choguel Kokalla Maiga acusó a Francia de haber creado un enclave alrededor de la ciudad de Kidal, en el norte del país y cederlo al movimiento yihadista Ansar Al Din, facilitando su fortalecimiento en la zona. La hipótesis que está detrás de esta audaz afirmación es que los grupos yihadistas en realidad funcionarían como tapadera de la intervención francesa en Mali, la misma que buscaría consolidar el saqueo de los recursos naturales de la nación a través de la inestabilidad generalizada de su gobierno.

Esta situación de tensión se ha complejizado aún más con la presencia en Malí de la empresa militar privada rusa conocida como Grupo Wagner, quienes oficialmente se encuentran sólo en calidad de asesores. De manera coincidente con la presencia del Grupo Wagner, se vienen incrementado los casos de violación de derechos humanos a la población civil maliense. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha documentado al menos 71 casos individuales de civiles ejecutados sumariamente por las fuerzas de seguridad entre diciembre de 2021 y marzo de 2022. El caso más representativo y de mayor repercusión mediática se presentó en Moura, capital de la comuna rural de Togué Mourari, en el círculo de Djenné, en la región de Mopti. Entre el 27 y el 31 de marzo, las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) realizaron acciones aeroterrestres llevadas a cabo por fuerzas especiales, resultando de dichas acciones 203 miembros de grupos terroristas armados muertos y 51 detenidos. Sin embargo, organizaciones como HRW y Amnistía Internacional (AI) sostienen que hay indicios para afirmar que en dicha intervención se produjeron serias violaciones de los derechos humanos por parte de las FAMa. La gran mayoría de los muertos hombres de la etnia pastoral peul o fulani. De acuerdo a testimonios de pobladores, la zona se encontraba desde varias semanas atrás bajo control yihadista de grupos relacionados con AQMI. La situación de inseguridad y violencia política sigue avanzando rápidamente desde el centro hacia el sur del país, hasta la frontera con Costa de Marfil, presentándose simultáneamente conflictos intercomunitarios e intracomunitarios, actividad de los grupos armados, operaciones militares y criminalidad. Tal contexto ha causado importantes movimientos poblacionales al interior y exterior de Mali. De acuerdo a la información de OCHA, en octubre de 2020 ya se registraban más de 310.000 personas desplazadas dentro del país. Los conflictos intercomunales siguen siendo uno de los factores críticos que catapultan los niveles de violencia. Esta situación se ha presentado permanentemente desde el estallido de la rebelión tuareg en enero de 2012, surgida con el propósito de proclamar la independencia del Azawad, llegando hasta el presente, con la marcada expansión de la guerra contra los distintos grupos yihadistas al centro y sur del país, confrontando paralelamente a los grupos étnicos dogón y peul. 

Este es uno de los efectos directos del profundo centralismo existente y de una consecuente desatención de las demandas expresadas desde los distintos colectivos poblacionales del interior del país. Dicha situación de enfrentamiento social está propiciando el fortalecimiento y expansión de la acción yihadista. El incremento de las intervenciones llevadas a cabo en la región de Mopti por la Katiba Macina, asociada a la etnia peul, es un claro ejemplo de ello.

Con la desestabilización política, la tensión con Francia y el retiro de las tropas europeas se ha agudizado el conflicto armado y, además, se ha incrementado significativamente el número de los muertos civiles. De acuerdo a la información presentada por el Centre d´Etudes Stratégiques de l´Afrique, en lo que va de año 2022 ya se ha superado en más de un 25% el número total de víctimas civiles registradas el año pasado. 

Finalmente, la ruptura de la cooperación militar franco-maliense se selló el 02 de mayo de 2022, cuando la Junta de Transición denunció los acuerdos de defensa firmados con Francia en 2014 y protestando ante reiteradas violaciones flagrantes de la soberanía nacional, entre ellas permanentes violaciones del espacio aéreo maliense. Desde inicios de año, el gobierno de Mali reporta más de cincuenta casos deliberados de violación del espacio aéreo por parte de aeronaves operadas por fuerzas militares francesas.